Diódoro Carrasco envía carta aclaratoria a El Universal para desmentir al ex rector de la UDLA

Sábado 27 de Mayo del 2017.- Me permito hacer referencia al artículo suscrito por Enrique Cárdenas Sánchez, “Amenazas sicilianas en México” (Sección de opinión, pág. 25 de su prestigiado diario), en el cual expresa puntos de vista sobre la violencia ejercida contra periodistas, acciones  cuya condena enérgica comparto plenamente.

En el colofón del octavo párrafo del citado artículo, el señor Cárdenas alude a una conversación que sostuvimos el pasado 12 de mayo, señalando que le solicité “dejar de hablar sobre la gestión de Rafael Moreno Valle y el endeudamiento que dejó en el Estado”, asunto que no sólo queda fuera del contexto y fondo del artículo en cuestión, sino que insinúa tendenciosamente una presunta advertencia.

Niego rotundamente haberle transmitido mensaje alguno al Señor Cárdenas, y menos aún haberle solicitado dejar de hablar del tema mencionado.

Lamento que un académico de la estatura de Enrique Cárdenas, a quién conozco desde nuestras épocas de estudiantes en el ITAM, haya desvirtuado el contexto de nuestra conversación que incluyó asuntos sobre sus últimos trabajos académicos, sobre la deuda, así como la vida política en Puebla; diálogo que siempre se desarrolló en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo.

Como es bien conocido en el medio gubernamental y político, quien suscribe la presente no suele – ni lo ha hecho jamás- proferir advertencias o amenazas en ningún sentido, respetando siempre opiniones ajenas aún con divergencia de criterios. A lo largo de mi vida como servidor público he alternando con profesionales de los medios, formadores de opinión, reporteros y comunicadores en general, que sin duda, conocen mi trayectoria de respeto a expresiones de toda índole, apegándome siempre al marco de las leyes y de la ética que de los funcionarios se demanda.

Señor Director, mucho le agradeceré publicar la presente misiva en el prestigiado diario que usted atinadamente dirige, con fundamento en lo establecido por la Ley Reglamentaria del artículo 6, párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica.

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