Controversias por Ley de Seguridad

Lunes 18 de diciembre de 2017.

Después de que la minuta de Ley de Seguridad Interior fuera aprobada con varias modificaciones por el pleno del Senado la madrugada del viernes y remitida a la Cámara de Diputados que la aprobó poco después en hora y media, entre movilizaciones de protesta y críticas de organismos nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos, se anuncia que se presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia por parte de los que se oponen a ella.

A eso, los senadores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y algunos del PAN, que la aprobaron con algunos cambios de último momento en un intento de paliar protestas, y funcionarios del gobierno responden que la presencia de efectivos del Ejército y elementos de la Marina y Policía Federal es necesaria para enfrentar la violencia que asola al país por parte del crimen organizado y el narcotráfico, pero que no se militarizará al país, con todo y que en algunos estados así se advierte.

Con todo y las enmiendas que se le hicieron al texto de la polémica ley, que algunos de sus impugnadores, representantes de organizaciones civiles, coincidieron en calificar de “cosméticas” por lo que continuaron críticas y anuncios como los de los partidos de oposición, que presentarán controversias constitucionales ante el alto tribunal de justicia, por considerar que viola varios artículos de la Carta Magna.

Y si dentro del país no cesaron los cuestionamientos, aun de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, académicos y constitucionalistas, en el exterior tampoco por parte de los Altos Comisionados de la ONU en materia de Derechos Humanos y de otros organismos como la OEA, que advierten el riesgo en que quedan éstos una vez que sea promulgada por el Ejecutivo Federal y entre en vigor, en casos como el derecho a la libertad de expresión y de manifestación y quienes anticipadamente consideraron necesario que se ampliara el debate acerca del contenido de esa ley.

Después de que las Fuerzas Federales han permanecido en las calles durante 11 años para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, es hasta ahora cuando se establece el marco jurídico para esas tareas y se señala que su presencia en los estados no deberá exceder de un año, a menos de que las autoridades estatales o municipales la soliciten para garantizar la seguridad pública.

Uno de los cambios que se le hicieron a la redacción original fue que las protestas políticas no sean consideradas como amenaza a la seguridad nacional, como se señalaba y que motivó inmediatas y airadas reacciones ciudadanas a través de organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos, ante la proximidad de un proceso electoral como el del año próximo.

Por lo pronto, una vez que el Ejecutivo promulgue la ley, será impugnada, como lo han anunciado dirigentes del PRD, PT y Morena, cuyos diputados abandonaron la madrugada del viernes pasado el salón de sesiones de San Lázaro para no votar un dictamen con el que . aun con las modificaciones de última hora que se le hicieron, no correspondieron a lo que ellos plantearon desde el seno mismo de las comisiones dictaminadoras.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

LOS que tanto apoyaron y pugnaron por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y que son los más satisfechos y tranquilos son los gobernadores de las entidades federativas, priístas, panistas y perredistas, porque eso los libera de la responsabilidad que tienen e incumplen por debilidad y temor de que los capos de los cárteles de la droga cumplan sus amenazas de atentar contra ellos o sus familias.

SON los mismos a los que el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador se propone amnistiar, si gana la elección del año próximo, como lo reiteró ayer en un acto de precampaña en la delegación Gustavo A. Madero, en el que presentó su decálogo contra la inseguridad y violencia en el país que incluye perdón y “reconciliación” con quienes han dado muerte a decenas de miles de personas.

DENTRO de ese decálogo propone “acabar con la corrupción”, sin explicar cómo lo haría tan repentinamente como lo ofrece; cambio de estrategia que abarca las amnistías a capos del narcotráfico, así como becas de tres mil 600 pesos a los “ninis”, sin que le importe, dijo, que por ello lo llamen populista.

ADEMÁS, crear una Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional; conformar un Mando Único Policial y aumentar salarios a soldados, marinos y policías, que es parte de lo que anunciara el pasado martes 12, cuando acudió a la sede de su partido a registrar su precandidatura, previo a que diera a conocer y presentara a quienes integrarían parte de su gabinete.

A todo eso respondió ayer el nuevo presidente del PAN, Damián Zepeda, al señalar que AMLO “no tiene propuestas pero sí muchas ocurrencias, las más de ellas viejas y fracasadas” e incongruencias como la de aliarse al Partido Encuentro Social, al que días antes consideraba como parte de “la mafia del poder”.

DE paso, el joven panista sonorense arremetió también contra el PRI y su precandidato, José Antonio Meade Kuribreña, al asegurar que este partido representa la continuidad, con lo mismo y con los mismos, para rematar con que Por México al Frente, cuyo candidato es Ricardo Anaya, su antecesor en la dirigencia blanquiazul, representa “la mejor opción de cambio para el país”.

EL arresto domiciliario a Elba Esther Gordillo, concedida por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal para que la otrora lideresa del magisterio nacional continúe el proceso que se le sigue por lavado de dinero, hecho que coincidió con la coalición de Nueva Alianza, el partido que ella fundó, con el PRI y PVEM para las elecciones de julio venidero, desató especulaciones, dudas y rumores de que fue un “acuerdo” político-electoral.

A eso respondió ayer el abogado de la profesora chiapaneca, Marco Antonio del Toro, quien aseguró que “los hechos hablan y hablan por sí mismos, la maestra se encuentra en su casa porque el Derecho así lo exige y la tutela” y que desde ahí “combatirá con la misma decisión la única e infundada imputación que subsiste; nuestro objetivo es claro: que se reconozca su inocencia plena y absoluta”.

TILDÓ de “miopes” a quienes -como el líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés- han buscado ligar la resolución judicial a favor de su cliente con la alianza partidista, al pretender darle un sesgo distinto, por desconocimiento o mala fe, porque con ello buscan desalentar la confianza en las instituciones de justicia y pierden de vista que dificultan la consolidación del Estado de Derecho que es a lo que todos debemos aspirar.

RECORDÓ el abogado Del Toro que desde hace un mes, el 17 de noviembre, les fue notificada la sentencia de amparo dictada por el Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito que ordenó que se respetaran los derechos de la profesora Gordillo y se le trasladara a su domicilio.

POR otra parte, de tiempo atrás era públicamente sabido el distanciamiento, real o aparente, que había ya entre ella y el presidente del Panal, Luís Castro Obregón, que la semana pasada suscribió la alianza con Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, para ir en alianza con el Verde a las próximas elecciones y en particular a la presidencial.

ÉSTE, por cierto, le respondió ayer a Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que “la mafia del poder, tiene dos precandidatos, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés. El dirigente del tricolor le dijo que “México no merece convertirse en Venezuela, como quiere López Obrador, por eso le vamos a ganar”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*