Escucha CNTE a gober; ignora a AMLO – Se esperaba la baja de Fitch a Pemex

Miércoles 30 de enero de 2019.

En el conflicto de la disidencia magisterial en Michoacán que mantiene un paro de labores y el bloqueo ferroviario, los líderes de la Sección 18 de la CNTE, le hicieron más caso al gobernador perredista Silvano Aureoles,  que al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario michoacano solicitó que se realice una auditoría a la organización seccional, lo que la dirigencia sindical aceptó, mientras que el llamado del Ejecutivo Federal a que rectifiquen en sus acciones y les pongan fin, no sólo fue ignorado sino respondido con la amenaza de que su movimiento continuará hasta que les paguen y cumplan todo lo que demandan.

Mientras tanto, el problema del bloqueo de vías férreas en Michoacán, tiene virtualmente paralizados a los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en Colima, ante la imposibilidad de que se realicen las descargas en ambos y moverlas, lo que trastorna igualmente a los barcos que atracan con altos volúmenes de mercancías, insumos y pedidos de la industria automotriz para los centenares de contenedores que siguen inmovilizados, lo que origina pérdidas estimadas por dirigentes empresariales en unos mil millones de pesos diarios en ese bloqueo que hoy cumple 16 días.

A pesar de la gravedad de la situación y con la seguridad que les dan las declaraciones del Presidente de que los profesores que sigue en paro, bloquearon las vías y tienen tomada una treintena de  alcaldías, no serán desalojados ni “reprimidos”, la situación empeora día a día y ahora amenazan con que sus acciones incluirán instituciones bancarias y oficinas públicas, lo que empeorará las cosas.

Tanto el Ejecutivo Federal como el estatal han hecho públicas sus diferencias que van de lo personal, a lo partidista, político y gubernamental sobre la responsabilidad que uno y otro tienen de cara al conflicto tanto por los adeudos al profesorado michoacano que derivaron en la actual situación, como en de quién es la obligación de despejar las vías Ferreras en el estado para que se pueda reanudar la circulación de trenes y las toneladas de carga que llevan, paralizados como han estado desde hace dos semanas.

Con todo y los “ultimátum” que los gobiernos han dado a la disidencia magisterial para que liberen vías y se pueda reanudar los movimientos de centenares de vehículos, contenedores y pipas, la respuesta que da aquella es la que ha dado siempre cuando origina problemas como los que hay desde fin de año e inicio de otro con el paro que extendieron al bloqueo férreo y hasta las alcaldías: que no solo no se moverán de donde están sino que redoblarán sus medidas, hasta que se les pague todo lo que exigen.

Es el chantaje de siempre que ha caracterizado a la CNTE, lo mismo ante gobiernos priistas que panistas y ahora el lopezobradorista de Morena, que desde hace años lo solapara y ahora resiente las consecuencias de sus reiteradas movilizaciones con el argumento de adeudos salariales y prestaciones sociales, pero que han llevado, mucho más allá, como ahora para “calarlo”, seguros de que no serán “reprimidos” por formar parte del “pueblo bueno y sabio”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

ESA baja que la calificadora Fitch Ratings dio a Pemex y su determinación de “perspectiva negativa”, era esperada, después de que los representantes de esa empresa que estuvieron recientemente en Nueva York, lejos de generar expectativas sobre su futuro, las echaron abajo y la pusieron en grave riesgo.

LAS notas en moneda local y extranjera a largo plazo de la petrolera mexicana bajaron de “BBB-más” a “BBB-menos” y sus calificaciones nacionales a largo plazo de “AAA” (mex) a “AA” (mex), rebajas que se aplican a unos 80 mil millones de dólares de notas pendientes y todas las emisiones a largo plazo en escala nacional.

ADEMÁS la calificadora estadounidense considera insuficientes las medidas asumidas por el presidente López Obrador en Pemex  para compensar el deterioro del perfil de ésta, a lo que seguramente él responderá en su conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional.

LA crisis política, social y humanitaria que enfrenta Venezuela, vuelve a ocupar la atención internacional por acontecimientos registrados en ese país hermano y en Washington que tienen repercusión directa en México ante la decisión del gobierno del presidente López Obrador  de mantener su política de “no intervención”.

EN Caracas, la Fiscalía General del desconocido presidente Nicolás Maduro prohibió a Juan Guaidó a abandonar el país, enajenar sus bienes muebles e inmuebles y bloquearle sus cuentas bancarias tras haberse autoproclamado mandatario interino, en lo que parece un nuevo intento para encarcelarlo.

ESO agravaría la violencia que no ha cesado porque los venezolanos que apoyan a Guaidó  y están en contra de Maduro, volverán a las calles a exigir la dimisión de éste, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que ante  cualquier acción de ese tipo, su gobierno tendría que actuar.

AL mismo tiempo, el anunciado encuentro del secretario de Estado, Mike Pompeo, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue cancelado, lo que llevó a la nueva embajadora de nuestro país en Washington, Martha Bárcena Coqui, a declarar que en el conflicto venezolano,  el gobierno del presidente López Obrador no está ni en contra de EU, ni a favor de Guaidó ni tampoco de Maduro.

FRENTE a todo eso, habrá que esperar a ver lo que ocurra en el país sudamericano; la reacción del presidente Trump si Guaidó es nuevamente encarcelado y vuelve la violencia y a la actitud del gobierno mexicano al que a pesar de su “neutralidad”, en la capital estadounidense, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ubica a México a favor de Maduro.

DESDE que el presidente Andrés Manuel López Obrador  puso en marcha la estrategia contra el robo de gasolina, casi a diario se informa que hay ex funcionarios de Pemex, ex presidentes de la República, empresarios o militares involucrados en ese delito y se mencionan los cargos que se les imputan, pero en ningún momento se ha dado a conocer un solo nombre de presuntos responsables.

EN la comparecencia de los funcionarios del gobierno, el lunes ante comisiones de la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, declaró que “se identificó a 11 empresarios”; el SAT a otros 22 “por irregularidades fiscales”, y que hay 558 personas detenidas.

SÍ, qué bien y qué bueno que así sea y que se esté actuando, pero eso ha provocado preguntas como: ¿quiénes son?, ¿cómo se llaman?, ¿en dónde están?, que siguen sin tener respuesta, porque todo ha quedado en declaraciones, informes y reportes mañaneros.

POR más que se aduzcan razones de real o presunta secrecía o discrecionalidad para no incurrir en “violación al debido proceso”, de seguir en esa actitud, como ya ha empezado a ocurrir, surgirán dudas sobre qué es lo que realmente se hace para combatir el huachicoleo, porque éste sigue perforando ductos de Pemex todos los días y en un número cada vez mayor de tomas clandestinas y de entidades por las que aquellos cruzan.

Opinión – Francisco Cárdenas Cruz

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