Memorándum, muy criticado y sin futuro

Miércoles 17 de abril de 2019.

Más tardó el presidente Andrés Manuel López Obrador en presentar el “memorándum” que busca dejar sin efecto la reforma educativa de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que jurisconsultos, legisladores y empresarios en reaccionar y advertir que dicho documento carece de fundamentación y motivación jurídica, por lo que será, como lo advirtió el ministro en retiro, José Ramón Cossío, “fácilmente impugnable”, sin futuro.

Tras firmar el oficio que dirigió a los titulares de secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público para anular la norma peñanietista, “mientras en el Congreso se resuelve de lo de la reforma a la Constitución (sic), a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares”, se escucharon sólidos argumentos en contra desde distintos frentes.

Aunque el documento de López Obrador recomienda reinstalar a los maestros cesados, liberar a los profesores y luchadores sociales que fueron injustamente encarcelados, reconocer “todo el daño que causaron las anteriores autoridades y que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa”, su planeamiento no tuvo eco.

De los primeros en rebatirlo fue el ministro Cossío, quien señaló en su cuenta de Twitter que “el Memorándum emitido por el Presidente, “carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”.

A su vez, el profesor en Derecho Constitucionalista por la UNAM, Francisco Burgoa, dijo en Twitter que “una de las facultades y obligaciones del Presidente que señala el artículo 89-I de la #Constitución1917, consiste en “promulgar y EJECUTAR las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta OBSERVANCIA”. No hay memorándum que valga”.

Luego, a través de un comunicado, la Coparmex lamentó que “por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo y, con ello, brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población”.

En seguida, al advertir “mero populismo”, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Manuel Añorve Baños, dijo que la medida del Ejecutivo federal viola los artículos 49, 72 y 89 de la Constitución por lo que además de ser “muy frágil” también es “irresponsable”.

A su vez, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta expresó que “ante las amenazas” del Presidente, la bancada que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, “manifiesta que cualquier intención unilateral de dejar sin efecto la disposición legal sería una abierta violación a la Constitución”.

En el mismo tenor se expresó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado al calificar el planteamiento en cuestión como “unilateral y autoritario”. Además, recordaron que “una decisión de ese tipo no sólo viola flagrantemente la obligación principal del Poder Ejecutivo que estriba precisamente en ejecutar la ley, sino que violenta la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

También le recordaron al tabasqueño que si no está de acuerdo con las leyes vigentes, tiene la atribución de promover una reforma ante el Congreso de la Unión, “pero invalidarla de manera unilateral es inconstitucional y propio de regímenes despóticos”.

En general toda la oposición coincidió en que el titular del Ejecutivo federal incurre en la ilegalidad con tan de “ceder a los chantajes” del magisterio, y que de adoptar las medidas que solicita en el documento, los funcionarios federales también incurrirían en irregularidades.

La más interesada en el tema, claro, fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al considerar que el memorándum es “un paliativo” y recordar que hasta el momento no se han visto soluciones a sus demandas luego de más de 100 días de la administración actual y que la reinstalación de los profesores cesados durante la administración Peña Nieto había sido un promesa del presidente que no se ha cumplido.

De manera que mientras el diálogo entre autoridades educativas, legisladores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siga empantanada, como lo señalamos en este espacio el pasado lunes, la solución al conflicto seguirá distante.

En tanto, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo- de los pocos en defender el planteamiento- hizo un nuevo llamado a la CNTE para llegar a un acuerdo a más tardar el 30 de abril, lo que seguramente no ocurrirá.

Opinión – Leonardo Ramírez

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