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Opinión

Fiscal carnal para el caso Iguala

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Viernes 29 de junio de 2019.

Lo que resulte del caso Iguala no será decidido por las instancias mexicanas constitucionales.

De Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (dependiente de la Fiscalía General de la República), cabe confiar en que cumple los requisitos (son ocho) para ser desde antier agente del Ministerio Público Federal. El principal: es licenciado en derecho (“expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional”, como establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 52, reglamentaria del 21 constitucional) por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene maestría en derechos humanos y democracia.

Su experiencia en investigaciones penales y procuración de justicia no es la de su licenciatura, sino la que tomó en su posgrado (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y que ha practicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las oficinas de México, Honduras y Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en este tema y como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

La responsabilidad que asumió es cuestionable porque carece de experiencia en asuntos penales, investigaciones criminales y procuración de justicia (el caso Iguala no solo es de desaparición y asesinato tumultuario, sino de delincuencia organizada), pero sobre todo porque su actividad profesional ha sido más que nada política, lo que hace dudar de la imparcialidad y buena fe que debe guardar como Ministerio Público.

El GIEI al que sirvió, vale recordar, se fue de México después de no aportar algo significativo al esclarecimiento de los hechos; sembró sospechas y aventuró conjeturas y presunciones sin sustento a partir de descalificar lo verificado por peritos de la extinta Procuraduría General de la República, del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en síntesis: negar que hubo quema de al menos 21 cuerpos en el basurero de Cocula.

Con su designación se satisface una de las principales demandas de los familiares de los normalistas, quienes han exigido el nombramiento de un fiscal más bien a modo, y qué mejor que alguien que trabajó para la única instancia en que confían. En otras palabras, la reactivación del caso Iguala se pone en manos de los padres y familiares (víctimas secundarias), de las organizaciones rolleras que los representan, de lo que fue el GIEI (cuyos miembros regresan a formar parte de la llamada Comisión de la Verdad luego de haber fracasado en la investigación) y de la CIDH.

A lo que se llegue, pues, lo habrá decidido una estructura supranacional, frente a la cual todas las instancias nacionales que según la Constitución tienen las facultades para investigar tanto los crímenes como las violaciones a los derechos humanos (Fiscalía General de la República y CNDH) quedan valiendo poquitito más que un cacahuate.

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Opinión

Trascendió Puebla

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Miércoles 16 de oct. 2019

Que las normalistas de Teteles “Carmen Serdán” ya aprendieron el caminito de sus compañeros de las normales rurales “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, de Guerrero; “Lázaro Cárdenas”, de San José Tenería, Edomex y de Tiripetío, Michoacán, para llevar la negociación hasta el extremo.

Con el ¡No! permanente, las alumnas han estirado la liga de las negociaciones donde han impuestos sus condiciones, independientemente de la legitimidad de las demandas, les han concedido todo en la federación, entonces lo que ofrezca el estado es poco o nada, como ellos lo quieran.

Que Emanuel Iván Montiel Paredes, de la Escuela “Fray Pedro De Gante”, y Marte Esteban Aparicio Godínez, del CBTIS No. 61 de Huamantla, obtuvieron medalla de bronce en la Sexta Olimpiada Iraní de Geometría, que contó con la participación de 2 mil 200 alumnos de 55 países.

Esta justa educativa internacional tiene como objetivo detectar talentos matemáticos en el área de geometría, previo a la Olimpiada Internacional de Matemáticas a celebrarse en el 2020, adelantó el secretario de Educación del estado de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez. Que Volkswagen México se enorgullece en anunciar la integración a su portafolio del producto SUV Tiguan Edición Limitada 2020, producido en la planta de vehículos de Puebla, que ingresa al segmento A SUV.

Que Alberto Segovia Blumenkron, responsable de la Auditoría Superior del Estado, participó en la Quinta Reunión Ordinaria de la Coordinación Regional Centro Golfo de la Asofis, donde suscribió el convenio de coordinación en materia de revisión y fiscalización superior, investigación y asesoría.

El objetivo del convenio es el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos, con el propósito de resolver las diversas problemáticas que enfrentan las Entidades de Fiscalización Superior locales.

Que Lucero Saldaña, la diputada federal priista poblana, cuestionó el cambio de nombre de Instituto de Administración de Bienes y Activos, a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no servirá de nada si no se viene acompañado de una propuesta integral que fortalezca sus atribuciones.

 

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Opinión

Señor, lo acaban de destituir

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Miércoles 16 de oct. 2019

El scal de Veracruz, Jorge Winckler, estaba reunido en Xalapa con la familia Chedraui, conocidos empresarios mexicanos, cuando recibió la llamada de uno de sus colaboradores: Señor, lo acaban de destituir.

Era el 3 de septiembre de este año. Y lo que no sabía el fiscal General de Veracruz es que había sido relevado del cargo por votación de la Comisión Permanente del Congreso de ese estado, que nombró en su lugar a Verónica Hernández Giadans, en un proceso que fue cuestionado por la oposición a Morena.

Su escolta tenía la instrucción de su nueva jefa de retirarse de la custodia de Winckler, quitarle el celular y llevarse el automóvil blindado. Así lo hicieron.

En un instante, Winckler pasó de tener todo el aparato de la Fiscalía veracruzana a estar solo, a pie y sin teléfono. Caminó hasta un Oxxo que le quedaba cerca, compró un celular y llamó a su esposa: ella le comentó que también le habían quitado la protección. Jorge Winckler le dijo que se cuidara, que no saliera, que tenía muchos enemigos a los que había metido a la cárcel, que podrían aprovechar esta vulnerabilidad para hacerles daño.

La segunda llamada fue a un amigo suyo que le prestó coche y chofer para huir de Xalapa.

Un día antes, el lunes 2 de septiembre, el scal Winckler, impulsado por la administración panista de Miguel Ángel Yunes, y el gobernador morenista Cuitláhuac García, se habían reunido en Xalapa para hablar de la inseguridad del estado. Acordaron respetarse y coordinarse.

Ese encuentro –a la postre resultó histórico– entre los dos acérrimos rivales sucedió fruto de una entrevista que les hice el jueves inmediato anterior, 29 de agosto, en W Radio: teniendo en la línea al gobernador, entró también al aire el scal, hablaron entre ellos y quedaron de verse el lunes por el bien de los veracruzanos que padecen niveles brutales de inseguridad. El lunes se vieron y el martes Winckler fue destituido. Tres semanas después se giró una orden de aprehensión contra el exfiscal y éste se encuentra escondido.

Todo esto me lo relatan distintas fuentes cercanas al asunto, que está lejos de ser el último capítulo de una batalla épica. Tres personajes de Veracruz, estado de primera importancia político-electoral en el país, han estado activos, en público y sin signos de deseo de rendirse. Y los tres se han sentado en la misma silla: Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García, por orden de mandato.

SACIAMORBOS

Inusual “notificación” de la Secretaría de la Función Pública, Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en la que nos solicita colaborar y entregar “en un lapso de 7 días hábiles, copia certificada de toda la documentación, así como audios, videos y/o videograbaciones” que tengamos, relacionados con las notas “Moches en Pemex pagaron campaña de Peña Nieto”, publicada en este diario, y “Operación Saqueo” que presentamos en W Radio, para llevar a cabo la “integración de la investigación”. Curioso que cuando revelamos las propiedades, Bartlett no entregó ocio, solicitud de colaboración ni emplazamiento.

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Opinión

Se impone ‘combatir’ a los criminales

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Miércoles 16 de oct. 2019

La deplorable coincidencia de la masacre de policías en Michoacán con el poco alentador informe de antier sobre la violencia en el país, catapultada por la matazón de civiles ayer en Guerrero, impone la urgente necesidad de que el presidente López Obrador y los titulares de su gabinete de Seguridad se replanteen la estrategia en que parecen estar empecinados para intentar disminuir los alarmantes niveles de criminalidad.

El problema no es de fondo (no corren el riesgo de admitir haberse “equivocado”), ya que bien pueden mantener como premisa clave, prácticamente indiscutible, que lo ideal contra la delincuencia es atacar sus causas.

Lo que no pueden negar es que, para efectos prácticos, dada la evidente incapacidad e insuficiencia de las policías estatales y municipales, la actuación de las instituciones federales de seguridad ni siquiera es disuasiva sino virtualmente contemplativa.

“Ni masacres ni razias” ha dicho y repetido el Presidente. Sin duda las matazones son indeseables aunque por lo visto inevitables, y las segundas, simplemente, reprobables e inconstitucionales.

Nadie le pide a López Obrador instruir a las fuerzas que comanda que vayan a cazar delincuentes o, mucho menos, a “reprimir al pueblo”.

Lo que no solo está entre sus atribuciones sino obligaciones, es garantizar la aplicación de las leyes, entre éstas la persecución de criminales.

Eso quiere decir que los policías y militares bajo el mando presidencial deben realizar todas las acciones que las leyes les permitan (obviamente con respeto a los derechos humanos) para dar con los asesinos de los policías en Michoacán y los atacantes del convoy militar en Guerrero, lo que implica el uso de los servicios de Inteligencia y el destacamento de unidades adiestradas y equipadas. Por desagradable que parezca, cada una de estas acciones constituye una “operación de guerra” perfectamente focalizada que solo debe asustar a los criminales.

Pero no es así porque, con la utópica proclama de “atacar las causas”, la estrategia medular contra la violencia no contempla perseguir ni combatir a las organizaciones criminales. Para dar con los asesinos de la masacre en Aguilillas fueron enviados únicamente 80 soldados y un helicóptero que difícilmente neutralizarán la masiva y arraigada delincuencia en esa zona.

Una de las fuerzas llamadas a resolver casos como los de ambas matanzas es la naciente Guardia Nacional, a la que por desgracia se le privó de integrarle, como sólido cuerpo, la injustamente demeritada Policía Federal, perdiéndose la oportunidad de que fuese la prestigiada corporación civil que armonizara el trabajo de militares y nuevos reclutas que hoy la malconforman.

La criminalidad no desaparecerá mientras el gobierno se aferre al mantenimiento de una política de seguridad pasiva, haciéndoles “fuchi”, amenazando con acusarlos con sus mamás a sanguinarios delincuentes, como tampoco echándoles la culpa a los “corruptos neoliberales” que le precedieron.

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